En la pasada sesión plenaria el concejal de IULV-CA Rafael López propuso modificar el acuerdo plenario que obliga celebrar plenos ordinarios una vez al mes, aunque no existan puntos a tratar en el orden del día, con la consecuente carga económica que supone para el ayuntamiento (unos tres mil euros al mes sin se tiene en cuenta las comisiones informativas que deben preceder al pleno ordinario). Esta situación se dio en el pleno del mes febrero, en el que sólo existían dos puntos del orden del día que además eran de trámite y se podría haber trasladado al pleno del mes de marzo
López hizo referencia a que tal modificación debe adaptarse al Artículo 46.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que permite celebrar plenos cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes, con lo cual se reduciría el gasto en esta aspecto en un 50 % unos 17.000 euros que podría dedicarse por ejemplo al fomento de empleo para parados/as en nuestro municipio o al pago de proveedores.
En varias ocasiones, López ante la delicada situación financiera que atraviesa nuestro ayuntamiento, ha propuesto en sesión la supresión de las asignaciones que reciben los concejales/as no liberados/as por asistencia a plenos (200 euros cada mes) y a las comisiones informativas (35 euros cada una) lo cual supondría un ahorro de unos 35.000 euros anuales pero hasta el momento no ha recibido el apoyo de ningún otro grupo político. Para López no es ético por ejemplo que se reduzcan los sueldos de los empleados del ayuntamiento, y tales asignaciones no han sufrido ningún recorte, y que además es contradictorio que se pidan la reducción de gastos del ayuntamiento y no se quiera tocar esta partida. Hay que practicar con el ejemplo, concluye Rafael.
En este mismo apartado de ruegos y preguntas Rafael propuso la puesta en marcha de un eficaz Plan de Ahorro Energético Municipal, que permita reducir tanto el consumo eléctrico como el de combustible en edificios municipales, lo cual redundaría igualmente tanto en un ahorro económico como de reducción de emisiones de Co2 o de gases efecto invernadero acorde con los planteamientos de la convención de Kyoto.
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