La reforma laboral del PP es: más
despidos, menos salario, peores condiciones de trabajo y da un poder casi sin
límite al empresario.
A partir de ahora, la Ley sale de la empresa: el empresario podrá reducir tu salario, cambiar jornada y vacaciones, y modificar tus tareas en el trabajo. Los empleados públicos podrán ser despedidos.
Todo ello para algo que no crea empleo como ha reconocido Montoro y otros miembros del Gobierno. Al contrario, seguirá destruyendo puestos de trabajo.
La reforma laboral aprobada por el Partido Popular es una auténtica contrarreforma que desmantela la ya mermada protección legal que hasta ahora teníamos los trabajadores y las trabajadoras en nuestras relaciones con la empresa.
Esta contrarreforma significa:
A partir de ahora, la Ley sale de la empresa: el empresario podrá reducir tu salario, cambiar jornada y vacaciones, y modificar tus tareas en el trabajo. Los empleados públicos podrán ser despedidos.
Todo ello para algo que no crea empleo como ha reconocido Montoro y otros miembros del Gobierno. Al contrario, seguirá destruyendo puestos de trabajo.
La reforma laboral aprobada por el Partido Popular es una auténtica contrarreforma que desmantela la ya mermada protección legal que hasta ahora teníamos los trabajadores y las trabajadoras en nuestras relaciones con la empresa.
Esta contrarreforma significa:
· Que el despido será
más fácil y barato. Lo común será una indemnización de 20 días por año
trabajado, con un máximo de una anualidad.
· Que el empresario
podrá reducir tu salario y los complementos. También podrá cambiar el horario y
la jornada, modificar los turnos y cambiar las vacaciones.
· El empresario podrá
exigirte otras funciones y tareas diferentes a las reconocidas en el Convenio o
en tu contrato. También podrá decidir tu traslado, incluso de ciudad.
· El empresario podrá
despedirte simplemente porque haya tenido menos ingresos o ventas en los últimos
tres trimestres. De esta forma, hasta los Bancos podrán despedir
justificadamente a su plantilla.
· Si trabajas con un
contrato laboral en la Administración Pública, podrás verte afectado/a por un
Expediente de Regulación de Empleo y ser despedido.
· Se podrán hacer
Expedientes de Regulación de Empleo sin ninguna autorización previa.
· Si no te interesan las
condiciones que te dicta la empresa, podrás romper el contrato. En ese caso,
todo lo que te quedará será una indemnización de 20 días por un máximo de nueve
meses.
· Se te podrá despedir
si faltas al trabajo por 9 o más días en dos meses o 13 o más días en 4 meses
por enfermedad común, aunque esté justificada. Está excluido el accidente de
trabajo o una baja oficial por enfermedad de más de 20 días.
La contrarreforma también te afecta aunque tengas un contrato indefinido anterior a su entrada en vigor (12 de febrero de 2012). La indemnización, si te despiden de forma improcedente, será de 45 días por año hasta ese día, pero de 33 días a partir de ese momento. El período máximo de indemnización será de 720 días y no de 42 meses. Si con el tiempo trabajado hasta el 12 de febrero, te correspondieran más de 720 días, ese será el número de días que contará y no el que te corresponda por todo el período trabajado.
Si trabajas en una empresa pequeña, quedas sin la protección de ningún convenio colectivo.
Si cobras paro y te sale un trabajo, pagarás parte de tu propio salario con lo que te quede de paro.
Puedes no estar de acuerdo con las decisiones unilaterales de la empresa: dejas el trabajo y te queda una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de nueve meses.
Esta es la contrarreforma de los grandes empresarios que hace pagar la crisis a quienes trabajamos.
No lo permitamos, no hay lugar para la resignación:
¡Paremos esta reforma laboral!
·
Es posible
crear empleo, estable y de calidad. Izquierda Unida ha hecho numerosas
propuestas concretas: para estimular la economía real mediante el crédito para
ayudar a las pequeñas empresas y autónomos a contrata, medidas de incremento
del consumo y la inversión, aumentar el empleo público para mejorar la
educación, la sanidad, la atención a la dependencia y otros servicios públicos.
·
Estas
medidas se pueden financiar: combatiendo el fraude fiscal y la economía
sumergida (hoy un 23% de la economía española) y con una reforma fiscal que
haga que paguen más quienes más tienen y ganan, especialmente la banca y las
grandes empresas que son los principales responsables de la crisis.
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