IU presenta una alternativa a la creación de un registro de vivienda que impone la Junta a los Ayuntamientos sin darles financiación a pesar de ser un método más objetivo que los anteriores sorteos.
El gobierno andaluz ha presentado la ley de la vivienda al parlamento Mientras se está tramitando la ley, es decir sin aprobarla todavía, el consejero de vivienda está “obligando” a los ayuntamientos, por medio de una norma andaluza, a realizar el registro de demandantes de vivienda que está recogido en la ley de la vivienda, como digo aún sin aprobar por el parlamento. La necesidad de vivienda protegido es enorme, entre otras cosas porque en los últimos diez años el gobierno andaluz sólo a construido un 8% de viviendas de VPO, 8 de cada 100. El resto de renta libre.
La obligación de tener este registro atenta con, al menos dos derechos fundamentales:
1. primero contra la autonomía municipal para aceptar o no este tipo de tareas impuestas.
2. en segundo lugar atenta a la suficiencia financiera, ya que no se va a transferir a los ayuntamientos financiación alguna, ni recursos materiales ni personales, serán los ayuntamientos los que tengan que poner los recursos necesarios, para hacer este registro, por otro lado bastante complicado desde el punto de vista jurídico y administrativo. Y esto ocurre cuando las finanzas de los ayuntamientos están tiritando y el año que viene va haber un recorte importante en la participación de los ayuntamientos en los ingresos del estado, es decir menos dinero para gasto corriente, mermando más aún la capacidad que tienen los ayuntamientos en cubrir sus propias competencias y servicios a la ciudadanía.
3. La situación financiera de los ayuntamientos es angustiosa y en parte se debe a que el 30 % del presupuesto municipal se dedica a financiar competencias impropias y nuestra comunidad no debería atribuir a los ayuntamientos una competencia más sin garantizar su financiación.
El gobierno andaluz se está dedicando mermar a los ayuntamientos cuando estos están más pobres y mientras dejan las rentas del capital sin tocar.
Para colmo el que los ayuntamientos sean los que recojan las demandas de los ciudadanos/as pude inducirles a confusión: si has pedido la vivienda en el ayuntamiento lo lógico es que la reclamen en el ayuntamiento y no en la junta que es quien pone en marcha la ley.
Lo más lógico, y que además generaría empleo público sería o que la consejería de urbanismo y ordenanción del territorio abriese sedes en los pueblos o en las cabeceras de comarcas, o que le encargase el registro a las diputaciones, o que si les endosan a los ayuntamientos una tarea se la financien.
El estatuto de autonomía dice que corresponde la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda y que se asegura que se regulará la transferencia y delegación de competencias en los ayuntamientos con la necesaria suficiencia fiannciera
En definitiva una vulneración de los derechos de los ayuntamientos.
IU ha presentado una ley alternativa, que perderemos, y entraremos a la presentación de enmiendas parciales a la ley que ha presentado el PSOE, lógicamente en este apartado de los registros demandaremos que se financie a los ayuntamientos para que presten ese servicio competencia clara de la Junta.
No ponemos en duda que desde el gobierno municipal se está realizando una buena labor y trabajando en este registro en pro de los intereses de nuestros vecinos/as y que este registro puede ser mucho más objetivo que el sorteo que hasta ahora ha existido, pero no estamos de acuerdo con la forma en que se está implantando, sin financiación previa a los ayuntamientos, por ello y en solidaridad con nuestro compañero Manuel Baena alcalde de Puente Genil quien ha manifestado que si no le dan financiación no abre el registro en el ayuntamiento, ya que carece de posibilidades económicas de personal, aplicaciones informáticas y espacios para colaborar con la Consejería, vamos a mostrar nuestra ABSTENCIÓN
El gobierno andaluz ha presentado la ley de la vivienda al parlamento Mientras se está tramitando la ley, es decir sin aprobarla todavía, el consejero de vivienda está “obligando” a los ayuntamientos, por medio de una norma andaluza, a realizar el registro de demandantes de vivienda que está recogido en la ley de la vivienda, como digo aún sin aprobar por el parlamento. La necesidad de vivienda protegido es enorme, entre otras cosas porque en los últimos diez años el gobierno andaluz sólo a construido un 8% de viviendas de VPO, 8 de cada 100. El resto de renta libre.
La obligación de tener este registro atenta con, al menos dos derechos fundamentales:
1. primero contra la autonomía municipal para aceptar o no este tipo de tareas impuestas.
2. en segundo lugar atenta a la suficiencia financiera, ya que no se va a transferir a los ayuntamientos financiación alguna, ni recursos materiales ni personales, serán los ayuntamientos los que tengan que poner los recursos necesarios, para hacer este registro, por otro lado bastante complicado desde el punto de vista jurídico y administrativo. Y esto ocurre cuando las finanzas de los ayuntamientos están tiritando y el año que viene va haber un recorte importante en la participación de los ayuntamientos en los ingresos del estado, es decir menos dinero para gasto corriente, mermando más aún la capacidad que tienen los ayuntamientos en cubrir sus propias competencias y servicios a la ciudadanía.
3. La situación financiera de los ayuntamientos es angustiosa y en parte se debe a que el 30 % del presupuesto municipal se dedica a financiar competencias impropias y nuestra comunidad no debería atribuir a los ayuntamientos una competencia más sin garantizar su financiación.
El gobierno andaluz se está dedicando mermar a los ayuntamientos cuando estos están más pobres y mientras dejan las rentas del capital sin tocar.
Para colmo el que los ayuntamientos sean los que recojan las demandas de los ciudadanos/as pude inducirles a confusión: si has pedido la vivienda en el ayuntamiento lo lógico es que la reclamen en el ayuntamiento y no en la junta que es quien pone en marcha la ley.
Lo más lógico, y que además generaría empleo público sería o que la consejería de urbanismo y ordenanción del territorio abriese sedes en los pueblos o en las cabeceras de comarcas, o que le encargase el registro a las diputaciones, o que si les endosan a los ayuntamientos una tarea se la financien.
El estatuto de autonomía dice que corresponde la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda y que se asegura que se regulará la transferencia y delegación de competencias en los ayuntamientos con la necesaria suficiencia fiannciera
En definitiva una vulneración de los derechos de los ayuntamientos.
IU ha presentado una ley alternativa, que perderemos, y entraremos a la presentación de enmiendas parciales a la ley que ha presentado el PSOE, lógicamente en este apartado de los registros demandaremos que se financie a los ayuntamientos para que presten ese servicio competencia clara de la Junta.
No ponemos en duda que desde el gobierno municipal se está realizando una buena labor y trabajando en este registro en pro de los intereses de nuestros vecinos/as y que este registro puede ser mucho más objetivo que el sorteo que hasta ahora ha existido, pero no estamos de acuerdo con la forma en que se está implantando, sin financiación previa a los ayuntamientos, por ello y en solidaridad con nuestro compañero Manuel Baena alcalde de Puente Genil quien ha manifestado que si no le dan financiación no abre el registro en el ayuntamiento, ya que carece de posibilidades económicas de personal, aplicaciones informáticas y espacios para colaborar con la Consejería, vamos a mostrar nuestra ABSTENCIÓN
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