PLENO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011

PUNTOS PLENO SEPTIEMBRE 2011

Lunes 26 de septiembre a las 21 horas.

1.- Aprobación si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la corporación el día 25 de julio de 2011.

2.- Toma de posesión del cargo de concejal electo D. Antonio Granados Miranda.

3.- Aprobar si procede, declaración de incompatibilidad del cargo de concejal D. Antonio Granados Miranda con el desempeño del puesto de trabajo como funcionario de carrera del ayuntamiento de la carlota, pase a la situación administrativa de servicios especiales y desempeño del cargo de concejal en régimen de dedicación exclusiva.

4.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la alcaldía durante los meses de Julio y Agosto de 2011.

5.- Aprobar si procede, cuenta general del ejercicio 2010.

6.- Aprobar provisionalmente si procede, Ordenanza Fiscal nº 34 Reguladora del Precio Público por la Prestación del servicio de Escuelas Infantiles.

7.- Aprobar si procede, solicitud préstamo ICO para atender el pago de obligaciones de años anteriores.

8.- Aprobar si procede, Modificación de la Ordenanza nº 20 reguladora del Precio Público por la utilización de piscina, instalaciones deportivas y otros servicios análogos que organiza el Patronato Municipal de Deportes.

9.- Aprobar inicialmente si procede, Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de La Carlota, sus Organismos, Autónomos y Empresa Pública Municipal “Promoción y Desarrollo Carloteño S.A.” correspondiente al año 2011.

10.- Aprobar si procede, la propuesta de declaración de utilidad pública e interés social de instalación en suelo no urbanizable de Facultad de Teología y Centro Teológico, promovido por la federación “Asamblea de Dios en España”.

11.- Aprobar provisionalmente si procede, el Plan Parcial PP-Pinedas-R1 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Carlota promovido por este ayuntamiento.

12.- Aprobar si procede, Ordenanza de vertidos de aguas residuales no domésticos e industriales a la red de saneamiento del municipio de La Carlota.

13.- Aprobar si procede, otorgamiento de voto a representantes de las Corporaciones Locales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba.

14.- Aprobar inicialmente si procede, Ordenanza Municipal reguladora de la instalación y Funcionamiento de Quioscos en zonas de dominio público de La Carlota.

15.- Aprobar si procede, mutación demanial objetiva consistente en cambio de destino de Consultorio a Escuela Infantil del edificio ubicado en Avda. Cuesta de Las Piedras, nº 15 de Aldea El Arrecife de La Carlota.

16.- Aprobar si procede, adjudicación del contrato de gestión, mediante concesión de servicios públicos de elaboración de comidas en la Residencia y Unidad de Estancia Diurna de La Carlota con destino a comedor y catering a domicilio.

17.- Aprobar si procede, Convenio de Cooperación Entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Carlota para la creación de una Escuela Infantil en Aldea El Arrecife de La Carlota.

18.- Aprobar inicialmente si procede, Ordenanza Municipal Reguladora de la creación y régimen de funcionamiento del servicio público de Escuela Infantil de Convenio de la Aldea El Arrecife de La Carlota.

19.- Asuntos de Urgencia y Mociones.

20.- Ruegos y Preguntas.

MANIFIESTO CONTRA LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL LÍMITE DE DÉFICIT Y DE DEUDA PÚBLICA

La reforma de la Constitución Española que pretenden el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), tal y como recoge la propuesta presentada el pasado día 26 de Agosto para su debate en el Congreso de los Diputados consiste en limitar desde nuestra Carta Magna el déficit y la deuda pública de las Administraciones Públicas para garantizar, por mandato constitucional, la estabilidad presupuestaria.

Esta propuesta forma parte del paquete de medidas ultraliberales que los Mercados y la Unión Europea están reclamando a los Gobiernos Europeos como supuestas medidas de superación de la crisis económica.

Independientemente de que, como se ha demostrado, las sucesivas medidas adoptadas siguiendo las exigencias de los poderes financieros no han aportado, ni siquiera, indicios de que se supera la crisis, vuelve a crearse empleo y se recuperan los servicios públicos, en estos momentos lo que pretenden PSOE y PP es frenar el desarrollo del Estado del Bienestar. Limitar el déficit público no es algo abstracto. Establecer un techo al déficit público sin tomar decisiones sobre los ingresos públicos es atacar directamente a los servicios públicos que, por mandato constitucional, deben ser prestados a la ciudadanía.

El gasto público es el que determina el acceso de la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los servicios sociales,… en definitiva a todas y cada una de las prestaciones a las que se tiene derecho. Hablar de gasto público sin hablar de ingresos y tomar la decisión de establecer un tope para el déficit es limitar la inversión en la sociedad.

La medida pactada por PSOE y PP demuestra la sumisión de ambos partidos a los mercados y constata, una vez más, las escasas diferencias en materia de política económica. Tal y como reconocen ambos partidos la Constitución se reforma para “calmar a los mercados”. No se reforma para garantizar más justicia social ni para garantizar mejores servicios públicos, mejor empleo o vivienda digna para quien la necesita. Se reforma la Constitución para seguir el ideario ultraliberal que se impone en Europa que busca acabar con los sistemas públicos de protección y prestación y con las conquistas sociales conseguidas en el último siglo.

Una medida de esta relevancia no puede ser adoptada por el acuerdo de PSOE y PP aunque sean los dos partidos mayoritarios y tengan votos suficientes como para imponerla. Han sido apenas unas horas de negociación las que han llevado a un acuerdo de tanta trascendencia.

La modificación de la Constitución que pretenden PSOE y PP afectará de manera muy negativa al Estado del Bienestar de nuestro país que, predominantemente, está financiado por las Comunidades Autónomas que deberían opinar sobre una cuestión de tal gravedad. Limitar el gasto público implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar de nuestro país que está muy alejado del que disfrutan la media de ciudadanos y ciudadanas europeos.

Por otra parte, aunque se habla genéricamente de Gasto Público, la realidad es que se refiere al Gasto Social ya que la reducción de gastos y los recortes han sido sobre pensiones, sobre empleo, sobre servicios públicos como educación, sanidad, servicios sociales, servicios domiciliarios, vivienda social, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Aunque sea legal resulta escasamente democrático que una reforma tan grave e importante de la Constitución sea aprobada porque los dos partidos mayoritarios así lo han decidido cuando apenas quedan dos meses de la actual legislatura. PSOE y PP pactan una hipoteca para las generaciones presentes y futuras y lo quieren hacer sin permitir que, al menos, la ciudadanía pueda opinar mediante un referéndum.

Los ciudadanos y ciudadanas deben poder votar en un asunto tan fundamental como éste y por ello, si la propuesta pactada por PSOE y PP supera el trámite en el Congreso y en el Senado, la única posibilidad de que la ciudadanía sea consultada es que al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras solicite la celebración de un referéndum.

A ellos y ellas nos dirigimos en un primer momento. Pero también a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales y ciudadanas. Tenemos derecho a opinar y llamamos a la movilización ciudadana para decir a PSOE y PP que no llevaron en su programa electoral este ataque a la democracia, para decir a PSOE y PP que ya basta de sumisión a los mercados, para decir a PSOE y PP que no van a seguir decidiendo sin contar con los ciudadanos y ciudadanas.

Hasta el próximo 20 N trabajaremos por la construcción de una alternativa de izquierdas al bipartidismo que la injusta Ley Electoral permite pero, mientras tanto, exigimos la retirada de la propuesta de reforma de la Constitución que introduce el ultraliberalismo en nuestra Carta Magna. Reclamamos un Referéndum vinculante y llamamos a la movilización ciudadana en defensa de nuestros derechos.

¡REFERÉNDUM YA!

LAS POLITICAS QUE APOYA EL P.P: UN EJEMPLO, LEY OMNIBUS

Con la aprobación de la ley 7/2011de 27 de julio de medidas fiscales y financieras (más conocida por la Ley Omnibús) a propuesta de CiU y con el apoyo del Partido Popular, en su artículo 52 se incorporaron modificaciones sustanciales a la Ley de la RMI. Estas nuevas medidas van a dificultar y limitar el acceso de mucha gente que hasta ahora podía acceder a este programa. Algunas de las más importantes que contempla la Ley son: la supeditación de las prestaciones económicas de la RMI a la disponibilidad presupuestaria, lo cual representa la pérdida de su carácter universal y de su consideración de derecho subjetivo a la prestación; se alargará el período de residencia continuada para acceder a la RMI, pasando de uno a dos años; se amplia de cuatro a doce meses el período de cálculo en la valoración de los ingresos de la unidad familiar, los cuales sumados no pueden exceder del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora de 641 euros; se limita a cinco años el período para percibir la RMI con una prórroga para casos muy excepcionales. Este límite era inexistente hasta ahora de continuar la persona con la misma situación de pobreza y exclusión social; se reducirá el importe máximo de la prestación, pasando de 800 (el máximo hasta ahora) a 641 euros por domicilio

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