Con la aprobación de la ley 7/2011de 27 de julio de medidas fiscales y financieras (más conocida por la Ley Omnibús) a propuesta de CiU y con el apoyo del Partido Popular, en su artículo 52 se incorporaron modificaciones sustanciales a la Ley de la RMI. Estas nuevas medidas van a dificultar y limitar el acceso de mucha gente que hasta ahora podía acceder a este programa. Algunas de las más importantes que contempla la Ley son: la supeditación de las prestaciones económicas de la RMI a la disponibilidad presupuestaria, lo cual representa la pérdida de su carácter universal y de su consideración de derecho subjetivo a la prestación; se alargará el período de residencia continuada para acceder a la RMI, pasando de uno a dos años; se amplia de cuatro a doce meses el período de cálculo en la valoración de los ingresos de la unidad familiar, los cuales sumados no pueden exceder del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora de 641 euros; se limita a cinco años el período para percibir la RMI con una prórroga para casos muy excepcionales. Este límite era inexistente hasta ahora de continuar la persona con la misma situación de pobreza y exclusión social; se reducirá el importe máximo de la prestación, pasando de 800 (el máximo hasta ahora) a 641 euros por domicilio
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